Luego de haber recorrido el VRAEM y conversado con los locales sobre el futuro de sus pueblos, mi percepción sobre el problema de la coca  y las políticas existentes sobre el tema ha confrontado la realidad de los hechos.  

En primer lugar, el desconocimiento en la mayor parte del Perú sobre esta zona cocalera lleva a caer en algunos lugares comunes que no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, se tiene el imaginario que en el VRAE sólo existe la presencia militar y del narcoterrorismo, cuando en realidad hay unas 200 mil personas que viven en la zona, en gran parte migrantes de la sierra que gracias a la coca tienen la oportunidad de enviar a sus hijos a universidades e institutos en las ciudades aledañas. Además, existe una importante población Ashaninka que no vive de la coca y está en una suerte de aislamiento económico, absorbiendo costumbres de los nuevos residentes de la zona, adaptándose a convivir con las carreteras y negocios, pero sin compartir ni residencia ni estilo de vida con los otros. Esta particular demografía ha llevado a una fuerte desigualdad entre una clase media que comercia con la coca, los productores y los indígenas (en ese orden). El cocalero vive con aproximadamente 1500 soles mesuales, que si bien es más que lo que producen otros cultivos, no es suficiente para llevar un efectivo desarrollo para sus familias, la mayor parte del dinero se lo llevan los acopiadores y procesadores.

Por otro lado, se suele pensar que en el VRAE sólo sale coca, cuando en verdad el comercio es en doble sentido, con una gran cantidad de comerciantes llevando productos que se compran con gran entusiasmo En el conteo que realicé, aproximadamente unas 240 camionetas Hilux cruzan diario el puente San Francisco de Kimbiri, y estas no llevan coca, sino que son en su mayoría colectivos que transportan pasajeros diariamente por los anexos del valle, muchos con productos como ropa y comida. Lo que sí es verdad es que el acceso sigue siendo complicado por lo difícil de la geografía, pero aun así la gente entra y sale del valle con mayor libertad que la que en Lima solemos pensar. La coca, mientras tanto, se transporta de noche y en gran parte a pie por el monte.

Frente a toda esta realidad, lo que más me quedó claro es que es virtualmente imposible continuar con la política de erradicación. Por un lado porque hay demasiada gente involucrada, no sólo dentro del VRAE sino en todas las regiones que la rodean. La población local afirma que cuando la DEA ha destinado dinero para cultivos alternativos la mayoría se queda en gastos administrativos y son muy pocos los agricultores beneficiados. La verdad es que cualquier otro producto que se puede producir allí se puede producir en otro lado a mucho menor costo. Además, una presencia militar agresiva en la zona es el caldo de cultivo para el terrorismo, quienes (financiados por el narcotráfico) se vuelven la única defensa de miles de familias.

¿Qué hacer? Es tiempo de plantear alternativas reales, empezando por mejorar las rutas de acceso y creando oportunidades de desarrollo en turismo y comercio. La coca, aunque no nos guste, seguirá siendo la principal producción de la zona, pero a medida que se diversifica podrán emerger alternativas para el cambio. Mientras tanto, si los peruanos no comenzamos a pensar en los cocaleros como ciudadanos con derecho a educación y salud, sólo tendremos más conflicto y una zona liberada con hermosos paisajes pero que muchos peruanos no van a conocer. Finalmente, el problema de la coca termina siendo más un problema de seguridad por la propia política aplicada, si lo convertimos en un problema de salud pública y desarrollo estaremos en otro cantar.