El día viernes Alan García madrugó a sus contrincantes políticos proponiendo beneficiar a las comunidades campesinas ubicadas en el área de influencia de proyectos mineros otorgándoles directamente recursos provenientes de las regalías en una fórmula que denominó "canon comunal", el cual sería otorgado directamente desde el MEF a la organización local para que ésta ejecute las obras que el Estado no hace, como es mejorar el regadío, poner en valor sitios turísticos y promover proyectos productivos de la población. La propuesta va en el mismo sentido del resto del plan de gobierno aprista, que promueve la descentralización del gasto y empoderamiento de las organizaciones populares, pero hace falta afinar algunos detalles para hacer realidad el planteamiento. 

Por la experiencia que tenemos en el plano de la consulta previa y la realización de estudios de impacto, la principal complicación que se prevé para el canon comunal se daría en la identificación de actores que se beneficiarían de la medida. Hoy por hoy las comunidades campesinas tienen un registro desactualizado y su conformación obedece a factores históricos y geográficos, pero es fácil imaginar que cuando se ponga en vigencia el canon comunal aparecerán muchas "nuevas comunidades" en el área de influencia de los proyectos y habrán rivalidades entre organizaciones y dirigencias que de pronto se verán empoderadas con capacidad de gasto que nunca han tenido. Claro está, es mucho mejor tener el problema de tener dirigencias campesinas peleando por que llegue una mina a lamentar más muertes por oponerse a proyectos mineros. 

Otro tema sin resolver sería el de la propiedad del subsuelo. En su discurso de presentación Alan García recordó que en gran parte de los países desarrollados los propietarios de la tierra son también propietarios de los recursos naturales extraídos de su zona y afirmó que debemos resolver los problemas de titulación para llegar a eso, algo que han venido planteando por muchos años los pensadores liberales que sostienen la centralidad del problema de la propiedad para resolver la informalidad. No obstante, el planteamiento otorga el peso a las organizaciones campesinas e indígenas que no tienen un razonamiento de propiedad individual sino colectiva. Es completamente posible que si un proyecto minero se da en una zona donde hay tanto organización campesina como propiedad individual el Estado tenga que decidir a quién le va a otorgar el canon comunal. La reglamentación de la ley tendría que definir estos problemas. 

La campaña recién inicia y el APRA ha puesto la valla muy alta en cuanto a propuestas y plan de trabajo. De hecho PPK presentó a su equipo técnico hace más de un mes y hasta hoy no ha hecho una sola propuesta sobre nada, y de Keiko sabemos que está recorriendo el país diciendo que regulará a la minería, pero no hay ninguna propuesta concreta para redefinir la relación entre las mineras y la población. El canon comunal es el camino sensato que todos deberían replicar.